30 Jun Casinos de juego ya piensan en el CIADI para enfrentar controversia con la autoridad por la relicitación
El Mercurio, 28 de junio de 2020
El anuncio de un proyecto de ley esta semana, por parte del Ejecutivo, para prorrogar por un año los permisos de casinos de juego de plazas de la nueva industria, no hizo más que reavivar la batalla que ya llegó a tribunales chilenos, pues los grandes actores locales estiman que no se están respetando las reglas del juego ni su derecho preferente por el que han invertido unos US$ 1.400 millones en conjunto. Grandes actores locales, como Marina del Sol y Sun Dreams, activaron incluso contactos diplomáticos.
Esta semana, representantes del grupo canadiense Clairvest Group Inc., socio del grupo de casinos de juego Marina del Sol, sostuvieron una reunión con agregados comerciales de la embajada de Canadá. En la cita participaron, por la embajada, Mark Richardson, commercial counsellor, y Patricio Cañete Pastene, el agregado comercial. Por Clairvest Group, Michael Wagman, presidente y managing director, y Sebastien Dhonte, managing director del grupo. Por cierto, también estuvo presente Nicolás Imschenetzky Ebensperguer, presidente de Empresas Marina del Sol, parte del grupo chileno también socio de la compañía de casinos.
La razón de tal encuentro por parte de estos inversionistas fue, derechamente, conseguir ayuda, en medio del desacuerdo que tiene Marina del Sol con medidas adoptadas por el Gobierno, en relación con la relicitación de los casinos.
Pero no son los únicos ni un caso aislado, pues también otros operadores de esta industria de casinos han seguido caminos similares, también disconformes con la autoridad.
Sun Dreams también tomó el camino de representar la situación por canales diplomáticos, en vista de la participación de capitales sudafricanos presentes en esta compañía. Este viernes hubo una comunicación entre el presidente de Sun International, Jabulane Mabuza, y el embajador de Sudáfrica en Chile, George Motlatjo Monyemangene.
El desacuerdo con el Gobierno tiene que ver con que los operadores estiman que la autoridad -la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)- está iniciando un proceso de relicitación que no se ajusta a la ley, pues está aplicando la normativa de 2015 y no -como estiman los actuales incumbentes- la de 2005, la original con la que comenzó esta “nueva industria”. El efecto práctico de esto es que los operadores consideran que no se les está respetando o reconociendo el derecho preferente a relicitar y las inversiones que materializaron en estos años, unos US$ 1.400 millones si se contabilizan en conjunto, estima Rodrigo Guíñez, gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Si se les aplica la nueva norma tendrían que pujar por una oferta económica. Además, hay un tema de plazos, pues si se aplica la ley de 2005, la relicitación partiría en 2023 y no ahora en 2020, tres años antes del vencimiento, como dice la norma de 2015.
Esta semana se sumó otro capítulo al desencuentro, tras el anuncio del Gobierno -a través del subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno- de enviar un proyecto de ley con el que se postergaría por un año la relicitación de casinos, prorrogando los permisos vigentes, a cambio eso sí de un aumento del 5% de la tasa de impuesto a los ingresos brutos, la que llegaría al 25% en este período.
El anuncio profundizó la diferencia, pues -fuera del aumento de costos que plantea la solución que da el Gobierno con el proyecto-, no se abordó el tema de la ley aplicable, cuestión que para la industria es lo central, por el respeto a las reglas del juego, y certeza jurídica que estiman vulnerada, en una industria en que, además, hay varios inversionistas extranjeros, algunos de los cuales ya han deslizado la opción del Ciadi.
Nicolás Imschenetzky plantea que por el efecto covid, hasta ahora, Marina del Sol se las ha arreglado con mecanismos como la protección al empleo -a la que se acogieron con casi unos mil colaboradores de la firma- y los créditos Fogape, para estructurar su caja y pagar los impuestos (de no hacerlo arriesgarían la revocación de la licencia). El problema, continúa, es que la propuesta del subsecretario no soluciona el problema de una “interpretación insólita” de la SCJ de los términos de la licitación. “Como tenemos una licencia finita, estamos incurriendo en gastos y costos para no despedir a la gente y queremos poder pagarlos con nuestro mismo negocio, no que nos den subvención ni nada. La solución del Gobierno no tiene que tramitarla con nadie, solo tiene que aplicar la ley. No demanda recursos, no estamos pidiendo ni un peso”, dice.
“Mis socios se sienten defraudados con esto. Ellos trajeron plata de Canadá directamente para invertir acá con unas reglas del juego que eran claras, y para ellos, que el Estado chileno se las esté cambiando, es terrible”, dice Imschenetzky.
Marina del Sol ya puso el tema en el tapete a nivel judicial, pues entre el 29 de abril y el 1 de junio interpuso tres acciones legales en contra de la SCJ para tres de sus casinos -Talcahuano, Calama y Osorno-, con causas similares, en el 25, 12 y 26 juzgados civiles de Santiago, respectivamente. En cada una de ellas, la firma explicita la protección a la inversión extranjera a la que tiene derecho. “El Ciadi ha sancionado a países que impulsan cambios regulatorios que afectan concesiones o permisos otorgados. La jurisprudencia del Ciadi ha determinado que la obligación de trato justo y equitativo que un Estado debe entregar a un inversionista extranjero implica que se deban resguardar las expectativas legítimas por las cuales dicho inversionista decidió realizar dicha inversión”, advirtió la compañía en estos escritos.
Sun Dreams también tomó el camino legal en Chile, con un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, aún en trámite. “Que se mantenga la legislación es la base del Estado de Derecho. Yo no puedo aceptar que nos digan que estamos pidiendo como gran cosa que nos mantengan las reglas del juego. Asumo que es un país que respeta las reglas”, dice Jaime Wilhelm, CEO para Latinoamérica de Sun Dreams, quien plantea que el grupo, con sus casinos en el país, ha invertido sobre US$ 600 millones. Solo Monticello suma unos US$ 320 millones, precisa, advirtiendo que están revisando qué sistemas de solución de conflicto tiene Sudáfrica con Chile. “Pero esperamos que no haya que llegar a una instancia como esa”.
El grupo Boldt Peralada, un consorcio argentino-español -sin capitales chilenos–, que opera un único casino en Ovalle, es de las inversiones más recientes dentro de esta nueva industria, pues licitaron en 2013 una plaza vacante, en la que invirtieron US$ 68 millones. El abogado y director del grupo, Ricardo Abdala, explica que en ese momento se reunieron con la autoridad de esos años -Renato Hamel, el ex SCJ-, siendo enfático este en que en las bases se contemplaba una renovación con derecho preferente y con el mismo procedimiento del 2005.
“Hoy cambian las reglas del juego y nos ponen en una situación muy compleja. Estamos intentando que la autoridad respete lo acordado. En el caso de que no lo respete, no va a quedar más opción que ejercer acciones nacionales o internacionales”, dice, destacando que en su visión estarían frente a una “expropiación indirecta”.
La defensa de Marina del Sol, además, plantea un problema constitucional en el que caería el Ejecutivo, de perseverar en el proyecto anunciado. El abogado Mario Rojas explica que un tema que está siendo debatido en los tribunales es precisamente la fecha en que debiera iniciarse la renovación (2023 y no 2020, como plantea el regulador). Al estar este punto ya en controversia -con causas pendientes en la justicia-, el Ejecutivo con su proyecto “invitaría” al Legislativo a infringir el mandato del artículo 76 de la Constitución, que dice que ni el Presidente de la República ni el Congreso, en caso alguno pueden avocarse causas pendientes.
“Si el Presidente propone al Congreso una norma de este tipo, lo que hace es incitar al Legislativo a corroborar la ‘interpretación’ que ha hecho la SCJ. Sería constitucionalmente grave”, afirma el abogado.
Boldt Peralada dice que en 2013, para licitar la plaza vacante de Ovalle, la SCJ de la época fue enfática en que el permiso era renovable con derecho preferente.
La razón de tal encuentro por parte de estos inversionistas fue, derechamente, conseguir ayuda, en medio del desacuerdo que tiene Marina del Sol con medidas adoptadas por el Gobierno, en relación con la relicitación de los casinos.
Pero no son los únicos ni un caso aislado, pues también otros operadores de esta industria de casinos han seguido caminos similares, también disconformes con la autoridad.
Sun Dreams también tomó el camino de representar la situación por canales diplomáticos, en vista de la participación de capitales sudafricanos presentes en esta compañía. Este viernes hubo una comunicación entre el presidente de Sun International, Jabulane Mabuza, y el embajador de Sudáfrica en Chile, George Motlatjo Monyemangene.
El desacuerdo con el Gobierno tiene que ver con que los operadores estiman que la autoridad -la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)- está iniciando un proceso de relicitación que no se ajusta a la ley, pues está aplicando la normativa de 2015 y no -como estiman los actuales incumbentes- la de 2005, la original con la que comenzó esta “nueva industria”. El efecto práctico de esto es que los operadores consideran que no se les está respetando o reconociendo el derecho preferente a relicitar y las inversiones que materializaron en estos años, unos US$ 1.400 millones si se contabilizan en conjunto, estima Rodrigo Guíñez, gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Si se les aplica la nueva norma tendrían que pujar por una oferta económica. Además, hay un tema de plazos, pues si se aplica la ley de 2005, la relicitación partiría en 2023 y no ahora en 2020, tres años antes del vencimiento, como dice la norma de 2015.
Esta semana se sumó otro capítulo al desencuentro, tras el anuncio del Gobierno -a través del subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno- de enviar un proyecto de ley con el que se postergaría por un año la relicitación de casinos, prorrogando los permisos vigentes, a cambio eso sí de un aumento del 5% de la tasa de impuesto a los ingresos brutos, la que llegaría al 25% en este período.
El anuncio profundizó la diferencia, pues -fuera del aumento de costos que plantea la solución que da el Gobierno con el proyecto-, no se abordó el tema de la ley aplicable, cuestión que para la industria es lo central, por el respeto a las reglas del juego, y certeza jurídica que estiman vulnerada, en una industria en que, además, hay varios inversionistas extranjeros, algunos de los cuales ya han deslizado la opción del Ciadi.
Nicolás Imschenetzky plantea que por el efecto covid, hasta ahora, Marina del Sol se las ha arreglado con mecanismos como la protección al empleo -a la que se acogieron con casi unos mil colaboradores de la firma- y los créditos Fogape, para estructurar su caja y pagar los impuestos (de no hacerlo arriesgarían la revocación de la licencia). El problema, continúa, es que la propuesta del subsecretario no soluciona el problema de una “interpretación insólita” de la SCJ de los términos de la licitación. “Como tenemos una licencia finita, estamos incurriendo en gastos y costos para no despedir a la gente y queremos poder pagarlos con nuestro mismo negocio, no que nos den subvención ni nada. La solución del Gobierno no tiene que tramitarla con nadie, solo tiene que aplicar la ley. No demanda recursos, no estamos pidiendo ni un peso”, dice.
“Mis socios se sienten defraudados con esto. Ellos trajeron plata de Canadá directamente para invertir acá con unas reglas del juego que eran claras, y para ellos, que el Estado chileno se las esté cambiando, es terrible”, dice Imschenetzky.
Marina del Sol ya puso el tema en el tapete a nivel judicial, pues entre el 29 de abril y el 1 de junio interpuso tres acciones legales en contra de la SCJ para tres de sus casinos -Talcahuano, Calama y Osorno-, con causas similares, en el 25, 12 y 26 juzgados civiles de Santiago, respectivamente. En cada una de ellas, la firma explicita la protección a la inversión extranjera a la que tiene derecho. “El Ciadi ha sancionado a países que impulsan cambios regulatorios que afectan concesiones o permisos otorgados. La jurisprudencia del Ciadi ha determinado que la obligación de trato justo y equitativo que un Estado debe entregar a un inversionista extranjero implica que se deban resguardar las expectativas legítimas por las cuales dicho inversionista decidió realizar dicha inversión”, advirtió la compañía en estos escritos.
Sun Dreams también tomó el camino legal en Chile, con un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, aún en trámite. “Que se mantenga la legislación es la base del Estado de Derecho. Yo no puedo aceptar que nos digan que estamos pidiendo como gran cosa que nos mantengan las reglas del juego. Asumo que es un país que respeta las reglas”, dice Jaime Wilhelm, CEO para Latinoamérica de Sun Dreams, quien plantea que el grupo, con sus casinos en el país, ha invertido sobre US$ 600 millones. Solo Monticello suma unos US$ 320 millones, precisa, advirtiendo que están revisando qué sistemas de solución de conflicto tiene Sudáfrica con Chile. “Pero esperamos que no haya que llegar a una instancia como esa”.
El grupo Boldt Peralada, un consorcio argentino-español -sin capitales chilenos–, que opera un único casino en Ovalle, es de las inversiones más recientes dentro de esta nueva industria, pues licitaron en 2013 una plaza vacante, en la que invirtieron US$ 68 millones. El abogado y director del grupo, Ricardo Abdala, explica que en ese momento se reunieron con la autoridad de esos años -Renato Hamel, el ex SCJ-, siendo enfático este en que en las bases se contemplaba una renovación con derecho preferente y con el mismo procedimiento del 2005.
“Hoy cambian las reglas del juego y nos ponen en una situación muy compleja. Estamos intentando que la autoridad respete lo acordado. En el caso de que no lo respete, no va a quedar más opción que ejercer acciones nacionales o internacionales”, dice, destacando que en su visión estarían frente a una “expropiación indirecta”.
La defensa de Marina del Sol, además, plantea un problema constitucional en el que caería el Ejecutivo, de perseverar en el proyecto anunciado. El abogado Mario Rojas explica que un tema que está siendo debatido en los tribunales es precisamente la fecha en que debiera iniciarse la renovación (2023 y no 2020, como plantea el regulador). Al estar este punto ya en controversia -con causas pendientes en la justicia-, el Ejecutivo con su proyecto “invitaría” al Legislativo a infringir el mandato del artículo 76 de la Constitución, que dice que ni el Presidente de la República ni el Congreso, en caso alguno pueden avocarse causas pendientes.
“Si el Presidente propone al Congreso una norma de este tipo, lo que hace es incitar al Legislativo a corroborar la ‘interpretación’ que ha hecho la SCJ. Sería constitucionalmente grave”, afirma el abogado.
Boldt Peralada dice que en 2013, para licitar la plaza vacante de Ovalle, la SCJ de la época fue enfática en que el permiso era renovable con derecho preferente.