“La piedra angular del problema es que las autoridades chilenas consideran que la licitación para la renovación de permisos de operación de casinos debe hacerse ahora, aplicando unas reglas de juego basadas en la oferta económica, y no aplicando la renovación por quince años que estaba estipulada en las bases que nos permitieron acceder a las licencias originalmente”, aseguró Abdala.

“Hemos hablado con el Ejecutivo y hemos dicho: no hay problema, nos toca renovación en el 2023, pero hágalo conforme a las reglas que nos invitaron a participar”, enfatizó el ejecutivo.

“Cuando uno invierte, lo hace analizando a largo plazo, y en nuestro caso invertimos 68 millones de dólares en una ciudad pequeña con el objetivo de hacer buenos negocios, pero también promover un proyecto parea favorecer el desarrollo de la comunidad. Que hoy nos vengan a cambiar las reglas del juego nos parece que es inaceptable”, enfatizó.

El ejecutivo aseguró que han intentado hacer acercamientos con la SCJ para revisar este tema, pero no han sido escuchados: “La Superintendenta nos ha cerrado completamente las puertas, siendo enfática en su planteamiento y diciendo que ella no tiene opción, pero a mi juicio está equivocada y mal asesorada”.

“Chile ha sido no sólo respetuoso de su normativa internacional -agregó en otro párrafo Andala- , y muy preocupado y ocupado de los inversionistas extranjeros. Entendemos que eso debiera prevalecer, pero si me preguntan si la industria estaría dispuesta a generar un conflicto de Estado, yo creo que eso es lo que menos queremos: buscamos resolver las cosas de la mejor forma posible, y confiamos en que van a entender nuestra posición, que evidentemente es la que debe ser escuchada. Esperamos no tener que emprender otras acciones legales, pero sin duda los inversionistas que se vean vulnerados en sus inversiones, que son más de 1.500 millones de dólares, evidentemente buscarán la forma de proteger esa inversión y hacer valer sus derechos”.

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